LA JUSTICIA EN CAJABAMBA
Presentación Mitos, cuentos...
Por: Manuel Casanova Ríos
La justicia es la idea de la rectitud y consiste en el pensamiento de una armonía absoluta y permanente del querer social en todas sus posibilidades: pretéritas, presente y futuras. Que, el derecho no es la justicia, parecería obvio señalarlo, pues puede darse y de hecho se han dado y se dan históricamente, sistemas jurídicos injustos para mantener la riqueza en pocas manos.
En Cajabamba, en la etapa pre-inca, las personas estaban sujetas al tabú (prohibido) y era aplicado por el Jefe de la Tribu, que generalmente la sanción era la pena de muerte. En la etapa incaica, se estableció tres normas básicas: no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas haragán. Su aplicación consistía en compensar el daño causado y castigar al infractor con maltratos físicos e incluso la muerte.
En la etapa colonial, hasta 1750, Cajabamba pertenecía al Corregimiento de Cajamarca, luego al Corregimiento de Huamachuco hasta 1783, para luego pasar a la Intendencia de Trujillo hasta Julio de 1821. Las leyes que se aplicaban eran las españolas, donde básicamente las personas tenían solo obligaciones, con el fin de mantener el statu-quo monárquico.
En la Independencia, Cajabamba se constituye como Distrito de la Provincia de Huamachuco, hasta el 10 de Febrero de 1855, para luego ser Provincia del Departamento de Cajamarca. En los primeros 30 años de la República, en la práctica se aplicaban las normas españolas con el fin de conservar la riqueza de los latifundistas, secuencia que se mantiene hasta la fecha para blindar al grupo de poder económico.
En la actualidad, tenemos en Cajabamba: Juzgados de Paz Letrados, Juzgado de Paz Letrado, Juzgados de Primera Instancia y Fiscales Provinciales como órganos de justicia del Estado. Como operadores están: la Defensoría Publica (Abogado de Oficio) y Abogados particulares, quienes atienden a los ciudadanos que acuden a ellos en busca de una causa justa y que en muchos casos se retiran decepcionados, pues por el andamiaje existente hace que el pobre no encuentre justicia.
Si nuestro país quiere alcanzar a ser un país desarrollado, industrializado, tiene que reorganizar la justicia, a fin de dejar de ser un ente burocrático y argollero (Manuel González Prada les dice “cueva de ladrones”) por uno democrático, donde los Jueces y Fiscales sean nombrados por la ciudadanía cada cinco años, con el fin de poder avanzar por el camino de la paz, el trabajo y el amor.
Manuel Casanova Ríos
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10/03/2014