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EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO SE MUERE.

César Augusto Aliaga Díaz

El derecho internacional público, el viejo ius gentium de los romanos, que se constituyó como garantía básica para el desarrollo de relaciones respetuosas, pacíficas y de cooperación internacional entre los estados y como límite para la arbitrariedad y la violencia, sobre la base del compromiso y la decidida voluntad de cada nación para respetar y someterse a sus reglas, ya que carecía de mecanismos coercitivos propios de otros ordenamientos jurídicos, agoniza sin remedio.

Agoniza precisamente porque la mayor potencia mundial y sus aliados hace rato que pasan sobre el derecho internacional, sus tratados y sus cada vez más débiles organismos internacionales, para imponer, inclusive por la violencia, sus arbitrarias decisiones y mantener o ampliar su control o influencia sobre territorios, recursos naturales y mercados, ante la mirada atónita del mundo entero, como ha ocurrido y ocurre con las guerras preventivas del imperialismo o el genocidio sionista contra el pueblo palestino en Gaza.

Hasta un país subalterno como Ecuador, seguramente con la anuencia del imperio del Norte, acaba de cruzar el Rubicón, violando tres instituciones básicas del derecho internacional: extraterritorialidad de las embajadas, la inviolabilidad del personal diplomático y el asilo diplomático, al ingresar violentamente a la embajada mexicana en Quito, agredir al personal de dicha sede y extraer a un candidato al asilo.

Una acción que ninguna de las antiguas dictaduras latinoamericanas se atrevieron antes. No lo hizo por ejemplo Odría contra el asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre en la Embajada colombiana. No lo hizo ningún otro terrible dictador en circunstancias parecidas, ni Pinochet ni Videla.

Se trata, en efecto, de una acción muy grave que debería merecer la condena internacional unánime. Ojala que el Perú, haciendo honor a la tradición diplomática de respeto al derecho internacional legado por Bustamante y Rivero o Porras Barrenechea, condene sin ambages está decisión arbitraria del gobierno de Quito y haga uso de buenos oficios para restablecer la vigencia del Derecho Internacional y las relaciones de respeto y cooperación de los estados latinoamericanos, con independencia del color político de cada gobierno.

Cajamarca, 09 de abril 2024.

 

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