Insurgencia estudiantil y prepotente represión policial
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Hugo REYNA GOICOCHEA
Frente
a la carencia de recursos y capacidad de inteligencia para delinear y
desarrollar mecanismos y estrategias disuasivas, ante al bloqueo de la vía hacia
los Baños del Inca, el pasado viernes 16 del presente, la Policía Nacional,
recurrió a lo más cómodo: reprimir violenta y abusivamente, a los estudiantes
universitarios, cuya medida extrema, ha sido la airada protesta, debido al alza
de los pasajes del transporte público.
Si bien es cierto que las fuerzas del orden, están facultadas por ley, para garantizar la libre circulación de vehículos y personas y actuar ante este tipo de situaciones; es muy cierto que en la preparación que se da a sus mandos, en la Escuela de Oficiales, se los instruye en el manejo de operaciones y acciones disuasivas que impliquen respeto y consideración para la integridad física y vida de los ciudadanos, sin perpetrar actos de provocación y exacerbamiento, como el de lanzar bombas y proyectiles hacia el cuerpo de los manifestantes.
Es cierto asimismo que en estas situaciones de crisis y tensión social, están facultados para el uso de bombas lacrimógenas y otros instrumentos disuasivos, para restaurar el orden público; pero también es cierto que esta atribución no los faculta para cometer excesos, como los sucedidos el último viernes, en que convirtieron el campus universitario en un verdadero campo de batalla y bombardeo, sin tener en cuenta que al interior de la ciudad universitaria estudian cientos de niños y adolescentes, del nivel primario y secundario, del Colegio Guillermo Urrelo que fueron afectados por los gases lacrimógenos, creando situaciones de desconcierto y acrecentado pánico y temor.
De igual manera, es necesario puntualizar, que no justificamos la toma y bloqueo de las carreteras; sin embargo, es menester reafirmar que frente al vacío de autoridad local, para afrontar y dar solución al grave problema del transporte público en Cajamarca, manejado de manera arbitraria y prepotente por parte de un grupo de transportistas, los estudiantes no han tenido otra alternativa que expresar su descontento con este tipo de medidas, que también la asumió pobladores y organizaciones populares de los Baños del Inca.
Los actos de violencia suscitados y la violación del campus universitario, es una situación que no debe estar al margen de una posición enérgica de rechazo por parte de las autoridades universitarias, quienes deben solicitar las investigaciones del caso y la sanción correspondiente para quienes resulten responsables, de estos hechos, que en la práctica constituyen un atentado contra la autonomía universitaria y falta de respeto para nuestra Primera Casa Superior de Estudios.
Si bien es cierto se ha logrado una tregua transitoria, el problema del transporte público, constituye un imperativo, cuyo abordaje implica medidas radicales del manejo de las autorizaciones de rutas, observancia irrestricta de las condiciones técnicas de las unidades móviles y fundamentalmente calidad del servicio. La declaración en emergencia del transporte público está en esta perspectiva, situación que debe incidir en nueva licitación de rutas, libre competencia y precios diferenciados; caso contrario, no se estaría sino aplazando y embalsando, una nueva coyuntura de desborde social, que a nada bueno nos conducirá.
Este problema, así como aquel relacionado a la escasez y calidad del agua e impacto ambiental por las actividades mineras, indudablemente estarán signando la dinámica socio – económica, ambiental y política de los próximos meses y años venideros, razón por la cual las actitudes y posiciones de las autoridades nacionales, regionales y locales, no pueden estar de espaldas a las reivindicaciones sociales, cuyos costos, muchas veces implican víctimas y pérdidas de vidas humanas.
Cajamarca. 19 de setiembre de 2011
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