Un cobarde asesinato

 

Escribe: Pc. Hugo REYNA GOICOCHEA

 Cajamarca, 27 de Febrero del 2009.

La creciente ola de violencia, robos, asalto a mano armada y asesinatos que se están perpetrando últimamente, cada vez con mayor frecuencia, delinean a Cajamarca como una de las ciudades del país con mayores niveles de inseguridad y de atracción para quienes viven al margen de ley.

Es indiscutible que la presencia de una significativa población flotante, como producto de las expectativas de trabajo en las empresas mineras,  ha determinado la presencia de muchos individuos y familias, de otras partes del país, quienes atraviesan por fuertes niveles de desocupación y subempleo, ya que la minería no ha podido absorber a todos, lo cual lógicamente, ha devenido en un grave problema social de grandes magnitudes,  que determina una espiral ascendente de violencia y actividades delictivas, de consecuencias difíciles de estimar. La presencia del penal de máxima seguridad también se constituye en un factor influyente en esta problemática.

Por otro lado, la labor de las instituciones tutelares, especialmente de la Policía Nacional, se muestra totalmente ineficiente e incapaz de poder desarrollar acciones contundentes para cautelar el orden interno y de lucha frontal contra la delincuencia común, organizada, el narcotráfico y la seguridad en términos generales. Y es que la población, producto del sistema y estructuras vigentes que han determinado un desgaste de la función e imagen de esta institución, carente de recursos, equipamiento y apoyo logístico, no la perciben como aquella destinada a garantizar su seguridad, sino muy por el contrario, como una entidad intrascendente en la que la corrupción también campea entre sus mandos y en su propios efectivos, tal como los sucesos que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación capitalinos en las últimas semanas.

Los esfuerzos de las municipalidades a través de sus cuerpos de Serenazgo, así como de las rondas campesinas y urbanas  no han significado un apoyo contundente en el campo de la seguridad ciudadana, lógicamente por sus propias limitaciones, carencia de recursos y preparación y de la ausencia de una legislación que la favorezca y la integre en una óptica integral de un verdadero sistema de seguridad ciudadana, a favor de la acción de sus integrantes; no en muchos casos se han cometido excesos.

Esta difícil situación, en la que vivimos actualmente, no obstante, amerita una reorientación de las políticas nacionales en materia de seguridad ciudadana, de la asignación de mayores presupuestos, de un adecuado apoyo logístico y de garantizar también la efectiva acción de los miembros de la Policía Nacional; así como de una adecuada función de los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, quienes deben, por función, sobreponer los interese sociales, frente a aquellos que tiendan a favorecer a los delincuentes y asesinos.

Lo acaecido anteayer al joven Pedro Terrones Núñez, asesinado en su propia vivienda, constituye un hecho de osadía del crimen organizado y de la presencia de los denominados “marcas” en las instituciones financieras, que han encontrado en Cajamarca un terreno fértil para sus fechorías y acciones criminales. Es por ello que manifestamos nuestra indignación y sentimientos de impotencia, frente a estos hechos que parecen no tener control. Hacemos un llamado a la colectividad cajamarquina para efectuar una movilización permanente para exigir a nuestras autoridades un trabajo sin tregua de lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, no se escatime esfuerzos en apresar a quienes atentan contra la vida, que las muertes de geste inocente no queden en la impunidad.

No podemos tolerar y es deber de todos nosotros, gobierno y ciudadanía, movilizarnos en una cruzada de lucha contra la violencia y la criminalidad. Basta ya de ver con indiferencia que Cajamarca se esté convirtiendo en una jungla en la que prevalece la “ley del más fuerte” y en la que se evidencian visos de  execrable salvajismo

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